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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la posibilidad de financiar,…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la posibilidad de financiar, con cargo al Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subdere, gastos de alojamiento y traslado asociados a actividades de capacitación. El análisis se basó en la glosa 02 de la Ley N° 20.557 de Presupuestos para el año 2012, que permite efectuar todo tipo de gastos para capacitar a funcionarios municipales y de gobiernos regionales, y también a alcaldes y concejales electos, así como contratar programas con entidades públicas o privadas. El organismo concluyó que la normativa permite financiar traslado y alojamiento de alcaldes y concejales electos cuando la capacitación se realiza fuera de su localidad o residencia habitual. Asimismo, advirtió que la Subdere debe adoptar medidas para que los egresos sean razonables y necesarios para las acciones de capacitación.

Normas citadas

  • ley 20557
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se puede financiar con fondos de la Subdere el alojamiento y traslado de alcaldes y concejales electos para asistir a capacitaciones?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la glosa 02 de la Ley N° 20.557 permite financiar el traslado y alojamiento de alcaldes y concejales electos cuando la capacitación se realiza fuera de su localidad o residencia habitual.

¿Qué límites debe respetar la Subdere al pagar gastos de traslado y alojamiento en programas de capacitación municipal?

En este caso, el organismo advirtió que la Subdere debe adoptar medidas para que los egresos sean razonables y necesarios para las acciones de capacitación.

¿A quiénes puede capacitar el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional financiado por la Subdere?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la glosa 02 de la Ley N° 20.557 permite capacitar a funcionarios municipales y de gobiernos regionales, así como a alcaldes y concejales electos, y contratar programas con entidades públicas o privadas.

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