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Libre competencia

La Comisión Preventiva Central de la Fiscalía Nacional Económica se pronunció sobre una…

Dictamen · Fiscalía Nacional Económica · 2002

Resumen

La Comisión Preventiva Central de la Fiscalía Nacional Económica se pronunció sobre una consulta formulada por una asociación gremial en formación respecto de tres acuerdos proyectados: prohibir la venta por Internet, fijar una política común de plazos de pago y bloquear a compradores morosos. La Comisión concluyó que estos acuerdos restringen o entorpecen la libre competencia, en los términos del Decreto Ley N° 211, y que les resulta aplicable el artículo 26 del Decreto Ley N° 2.757, que agrava la responsabilidad penal de quienes participen en conductas de ese tipo cuando las realiza una asociación gremial. Además, se estimó que los acuerdos no corresponden al objeto propio de las asociaciones gremiales. En consecuencia, declaró que dichos acuerdos no pueden incorporarse a los estatutos de la proyectada asociación, y previno que los estatutos, una vez confeccionados, deben ser consultados nuevamente antes de su promulgación.

Normas citadas

  • Decreto Ley N° 211
  • Ley N° 2.757
  • Decreto Ley N° 2.757

Preguntas frecuentes

¿Puede una asociación gremial incluir en sus estatutos un acuerdo para prohibir la venta por Internet a sus asociados?

No. En este caso, la Comisión Preventiva Central de la FNE concluyó que ese acuerdo restringe la libre competencia y no corresponde al objeto propio de una asociación gremial, por lo que no puede incorporarse a los estatutos.

¿Puede un gremio acordar una política común de plazos de pago o de bloqueo a compradores morosos?

No, según este dictamen. La Comisión estimó que estos acuerdos proyectados restringen o entorpecen la libre competencia en los términos del DL 211, y que tampoco son propios del objeto de las asociaciones gremiales, por lo que no pueden incorporarse a los estatutos.

¿Qué consecuencia tiene que una asociación gremial participe en conductas anticompetitivas según el DL 2.757?

En este caso, la Comisión señaló que resulta aplicable el artículo 26 del DL 2.757, que agrava la responsabilidad penal de quienes participen en estas conductas cuando las realiza una asociación gremial. Además, previno que los estatutos deben ser consultados nuevamente antes de su promulgación.

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