Resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que resuelve una consulta no…
Resolución · Tribunal de Defensa de la Libre Competencia · 2024
Resumen
Resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que resuelve una consulta no contenciosa sobre contratos de arriendo entre operadores de centros comerciales y locatarios, analizando riesgos anticompetitivos derivados de cláusulas contractuales y la integración vertical en el mercado. El tribunal concluye que algunas prácticas generan riesgos para la libre competencia, por lo que impone medidas correctivas, entre ellas limitar indemnizaciones por término anticipado, prohibir cláusulas que permitan poner fin a múltiples contratos por un solo incumplimiento, impedir condicionar el arriendo a la renovación en otro centro comercial, y exigir la adopción de un programa de cumplimiento conforme a la guía de la Fiscalía Nacional Económica.
Normas citadas
D.L. N° 211
Código Civil
Resolución N° 80
Artículo 1461 del Código Civil
Preguntas frecuentes
¿Pueden los operadores de centros comerciales incluir en sus contratos de arriendo cláusulas que limiten la competencia entre locatarios?
En este caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sostuvo que algunas cláusulas de los contratos de arriendo generan riesgos para la libre competencia, por lo que impuso medidas correctivas a los operadores de centros comerciales.
¿Es válido condicionar el arriendo de un local a la renovación del contrato en otro centro comercial del mismo operador?
No. En este caso, el Tribunal impidió que los operadores condicionen el arriendo a la renovación de un contrato en otro centro comercial, por el riesgo anticompetitivo que genera la integración vertical.
¿Qué medidas puede imponer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando detecta riesgos anticompetitivos en contratos de arriendo comercial?
En este caso, el Tribunal limitó las indemnizaciones por término anticipado, prohibió cláusulas que permiten poner fin a múltiples contratos por un solo incumplimiento y exigió adoptar un programa de cumplimiento conforme a la guía de la Fiscalía Nacional Económica.
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