El Segundo Juzgado de Policía Local de Viña del Mar conoció de una denuncia y demanda c…
Sentencia · 2do JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE VIÑA DEL MAR · 2014
Resumen
El Segundo Juzgado de Policía Local de Viña del Mar conoció de una denuncia y demanda civil de un cuentacorrentista contra una institución bancaria por cobros indebidos e interrupción de servicios tras el cierre de una deuda, invocando la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. El tribunal condenó al banco como autor de una infracción a dicha ley al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales, con sustitución por reclusión en caso de no pagarla. En la parte civil acogió la demanda y condenó al banco al pago de setecientos mil pesos por concepto de daño moral, con reajustes conforme al índice de Precios al Consumidor e intereses desde la mora, con costas. Ordenó remitir copia al Servicio Nacional del Consumidor una vez ejecutoriada la sentencia.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 1
Ley 19.496, Art. 2
Ley 19.496, Art. 3
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Ley 19.496, Art. 50
Ley 19.496, Art. 50 A
Ley 19.496, Art. 50 B
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Qué protección tiene el consumidor frente a cobros indebidos de un banco según la Ley N° 19.496?
Según esta sentencia, el consumidor puede denunciar los cobros indebidos e interrupciones de servicio invocando la Ley N° 19.496, y el tribunal acogió la demanda civil del cuentacorrentista con condena por daño moral. Además, se ordenó remitir copia al Servicio Nacional del Consumidor una vez ejecutoriado el fallo.
¿Qué consecuencias puede tener para un banco no pagar la multa impuesta por infringir la Ley del Consumidor?
En este caso, el tribunal dispuso que, si el banco no paga la multa de diez unidades tributarias mensuales, esta se sustituye por reclusión. La sentencia también ordenó remitir copia al Servicio Nacional del Consumidor una vez ejecutoriada.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.