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Banco del Estado de Chile interpuso ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de…

Informe · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

Banco del Estado de Chile interpuso ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra los artículos 4 inciso quinto y 5 incisos primero, segundo, tercero y sexto de la Ley 20.009, conocida como Ley de Fraudes. La norma impone al emisor la carga de probar que el cliente autorizó la operación para eximirse de cancelar cargos o restituir fondos cuando el cliente reclama fraude. El banco cuestiona si es constitucionalmente válido imponer esa carga probatoria, así como los plazos diferenciados según el monto reclamado y el procedimiento para ejercer acciones derivadas de estas reclamaciones. El escrito solicita que la admisibilidad se conozca previa vista de la causa, acompaña la documentación de personería y designa abogados patrocinantes y apoderados. La parte final del texto corresponde a los otrosíes formales de la presentación y no contiene una resolución del tribunal sobre el fondo.

Normas citadas

  • Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 31 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículos 79 y siguientes de la Ley N° 17.997
  • Artículo 4 inciso quinto de la Ley 20.009
  • Artículo 5 incisos primero, segundo, tercero y sexto de la Ley 20.009
  • Párrafo 1° del Título IV de la Ley N° 19.496 sobre protección de derechos de consumidores
  • Artículo 2 inciso tercero de la Ley 20.009
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Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la Ley de Fraudes obligue al banco emisor a probar que el cliente autorizó una operación que este reclama como fraude?

Este requerimiento de inaplicabilidad cuestiona precisamente esa carga probatoria impuesta al emisor por los artículos 4 inciso quinto y 5 de la Ley 20.009. El resumen público no contiene una resolución del Tribunal Constitucional sobre el fondo, por lo que no se sabe si la norma será declarada inaplicable.

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar los plazos diferenciados que la Ley 20.009 fija según el monto reclamado por fraude?

En este caso, el banco requirente también impugna los plazos diferenciados según el monto reclamado y el procedimiento para ejercer acciones derivadas de las reclamaciones. El documento es un escrito de requerimiento y no trae un pronunciamiento del tribunal sobre esos plazos.

¿Cuándo se puede pedir que el Tribunal Constitucional conozca primero la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Banco del Estado de Chile solicitó que la admisibilidad se conozca previa vista de la causa, junto con acompañar documentos de personería y designar patrocinantes y apoderados. El resumen no muestra cómo resolvió el tribunal esa solicitud.

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