Resumen
El Banco del Estado de Chile presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra artículos de la Ley 20.009, que atribuyen al emisor la carga de probar que una transacción desconocida por el usuario fue autorizada por este. El banco sostiene que esa regla, aplicada en procedimientos colectivos de consumidores, vulnera garantías constitucionales. En el escrito, además, la parte solicitó que la admisibilidad se resuelva previa vista de la causa, acreditó la personería de su representante mediante escritura pública de mandato y designó patrocinantes y apoderados con domicilio y correos para notificaciones. El texto disponible corresponde a las formalidades finales del requerimiento y no contiene el razonamiento de fondo ni la resolución del tribunal.