La Contraloría General de la República se pronunció sobre a quién corresponde conocer l…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre a quién corresponde conocer los reclamos derivados de una elección de directorio de una asociación de funcionarios regida por la Ley N° 19.296. Si bien esa ley somete a estas asociaciones a la fiscalización de la Dirección del Trabajo, el dictamen concluyó que la competencia para resolver esos reclamos no corresponde a dicho organismo, sino a los Tribunales Electorales Regionales. Lo fundó en el artículo 96 de la Constitución, que les encarga calificar las elecciones gremiales y conocer sus reclamaciones, y en el artículo 10 N° 1 y 2 de la Ley N° 18.593, además de un dictamen previo de 2004 que considera gremiales a estas asociaciones. En consecuencia, dejó sin efecto cualquier jurisprudencia en contrario.
Normas citadas
Ley 19296 art/64
pol art/96
ley 18593 art/10 num/1 ley 18593 art/10 num/2
ley 18593 tit/iii
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo debe conocer los reclamos por una elección de directorio de una asociación de funcionarios regida por la Ley 19.296?
En este dictamen, la Contraloría General de la República concluyó que esos reclamos no corresponden a la Dirección del Trabajo, aunque esta fiscalice estas asociaciones, sino a los Tribunales Electorales Regionales. Lo fundó en el artículo 96 de la Constitución y en el artículo 10 N° 1 y 2 de la Ley 18.593.
¿Puede la Dirección del Trabajo resolver reclamos electorales en asociaciones de funcionarios?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la Dirección del Trabajo no tiene competencia para resolver esos reclamos, pese a su facultad de fiscalización sobre estas asociaciones. Además, dejó sin efecto la jurisprudencia en contrario.
¿Las asociaciones de funcionarios regidas por la Ley 19.296 se consideran organizaciones gremiales para efectos electorales?
Sí, el dictamen considera gremiales a estas asociaciones, siguiendo un dictamen previo de 2004. Por eso, en este caso, las reclamaciones electorales quedan en manos de los Tribunales Electorales Regionales.
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