El Consejo para la Transparencia conoció de un recurso de amparo presentado por un part…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció de un recurso de amparo presentado por un particular en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en el que se solicitaba un pronunciamiento sobre las competencias o atribuciones que puede o no ejercer un profesional. El Consejo determinó que la presentación no constituía una solicitud de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, sino que correspondía al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución. En consecuencia, al no haberse ejercido el derecho de acceso a la información pública, el amparo no podía prosperar. El Consejo acordó declarar inadmisible el amparo interpuesto y encomendó notificar la decisión a las partes, advirtiendo que en su contra procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, sin que proceda recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadSalud
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo ante el Consejo para la Transparencia si la solicitud no es de acceso a información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la presentación no constituía una solicitud de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución.
¿Qué recurso procede contra la decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo advirtió que en contra de su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, sin que proceda recurso de reposición.
¿Cuál es la diferencia entre una solicitud de acceso a la información pública y el derecho de petición?
En este caso, el Consejo distinguió que una presentación sobre competencias o atribuciones de un profesional no es una solicitud de acceso a la información pública, sino que corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución.
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