La Corte de Apelaciones de Coyhaique conoció un recurso de protección interpuesto por u…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Coyhaique conoció un recurso de protección interpuesto por una clienta del Banco del Estado de Chile que fue víctima de fraude electrónico, por el cual se movieron sin autorización 35 Unidades de Fomento desde su cuenta. La recurrente sostuvo que la negativa del banco a restituir esos fondos vulneraba su derecho de propiedad, garantizado por el número 24 del artículo 19 de la Constitución. El tribunal acogió el recurso, por estimar que la privación de esos fondos constituía un acto arbitrario que afectaba directamente el patrimonio de la recurrente. Ordenó al banco restituir los montos conforme a la Ley N° 20.009, respetando los umbrales que ella establece, sin perjuicio de lo que pueda resolver el Juzgado de Policía Local respectivo, y lo condenó al pago de las costas.
Normas citadas
Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República
Ley N° 20.009
fraude electrónicoderecho de propiedadrecurso de protecciónresponsabilidad bancariarestitución de fondosestafa telefónicaderechos fundamentales
Preguntas frecuentes
¿Puede un cliente de banco recurrir de protección si fue víctima de fraude electrónico y el banco se niega a restituir los fondos?
En este caso, la Corte Suprema conoció un recurso de protección de una clienta del Banco del Estado que sufrió un fraude electrónico. El tribunal acogió el recurso al estimar que la negativa del banco a restituir los fondos constituía un acto arbitrario que afectaba su derecho de propiedad.
¿Qué ordena la Corte Suprema al banco en un caso de fraude electrónico con movimientos no autorizados de dinero?
En este caso, el tribunal ordenó al banco restituir los montos sustraídos conforme a la Ley N° 20.009, respetando los umbrales que ella establece. Dejó a salvo lo que pueda resolver el Juzgado de Policía Local respectivo y condenó al banco al pago de las costas.
¿La Ley N° 20.009 y el recurso de protección son compatibles para reclamar por fraudes con tarjetas o transferencias no autorizadas?
En este caso, la Corte Suprema aplicó la Ley N° 20.009 como base para ordenar la restitución de los fondos, sin perjuicio de lo que resuelva el Juzgado de Policía Local. Así, el recurso de protección sirvió para amparar el derecho de propiedad frente a la negativa del banco.
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