Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control preventivo de juridicidad de la resolución N° 3, de 2016, del Servicio Nacional de la Discapacidad, que aprueba un contrato de prestación de servicios. El organismo fundó la abstención en que el instrumento está exento del trámite de toma de razón según el artículo 9°, número 9.6.4, de la resolución N° 1.600, de 2008, pues aprueba un acuerdo basado en un contrato tipo contenido en las bases administrativas sancionadas por la resolución N° 2, de 2015, del mismo servicio. No obstante, ordenó al servicio enviar la resolución que adjudica el convenio para efectuar el examen de legalidad correspondiente, remitiendo el documento y aplicando, de ser procedente, los controles de reemplazo del Título VI de dicha resolución.