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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de fraccionar…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de fraccionar los periodos impositivos de una ex funcionaria del Ministerio de Hacienda, afiliada a la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. El dictamen recuerda que, bajo la doctrina anterior, quienes tenían más de 30 años de cotizaciones podían ocupar solo el tiempo indispensable para su jubilación y mantener disponible el excedente. Sin embargo, esa doctrina fue dejada sin efecto por el dictamen N° 2.901, de 2011, que resguardó a quienes se habían acogido oportunamente a ella. Conforme al principio de seguridad jurídica, el nuevo criterio rige solo hacia el futuro, desde su emisión el 17 de enero de 2011. Como la interesada presentó su solicitud con posterioridad a ese cambio, la Contraloría concluyó que no era aplicable la doctrina del fraccionamiento impositivo.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se puede fraccionar el periodo impositivo si ya se tienen más de 30 años de cotizaciones en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no procede. La doctrina que permitía fraccionar el periodo impositivo fue dejada sin efecto por el dictamen N° 2.901 de 2011, que solo protegió a quienes se habían acogido a ella antes de ese cambio, y la solicitud se presentó después.

¿Desde cuándo rige el cambio de criterio sobre el fraccionamiento impositivo en el sector público?

Según este dictamen, el nuevo criterio rige solo hacia el futuro, desde la emisión del dictamen N° 2.901 de 2011, en virtud del principio de seguridad jurídica. Quienes se acogieron oportunamente a la doctrina anterior mantienen ese derecho.

¿Qué efecto tiene el principio de seguridad jurídica en los cambios de doctrina de la Contraloría sobre el fraccionamiento impositivo?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el principio de seguridad jurídica obliga a aplicar el nuevo criterio solo hacia adelante, sin afectar a quienes se acogieron a la doctrina anterior. Por eso, una solicitud presentada después del cambio no puede acogerse bajo el criterio antiguo.

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