Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una recurrente que pedía la divisibilidad de sus imposiciones en la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. El órgano recordó que un dictamen anterior había reconocido esa posibilidad a funcionarios con más de 30 años de cotizaciones, pero que dicho criterio fue dejado sin efecto por el dictamen N° 2.901, de 2011, el cual resguardó solo a quienes se acogieron oportunamente a la doctrina previa. Conforme al principio de seguridad jurídica, un cambio de jurisprudencia rige solo hacia el futuro. Como la solicitud de la recurrente fue presentada cuando ya estaba vigente el nuevo criterio, y no constaban gestiones previas, la Contraloría concluyó que no le correspondía la divisibilidad y que sus imposiciones en la ex caja se encontraban consumidas.