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La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por un funcionario munici…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por un funcionario municipal de la comuna de Galvarino contra la Municipalidad, que había revocado la prórroga de su contrata para el año 2025, habiéndosele comunicado previamente dicha prórroga. El tribunal debía determinar si la revocación constituía un acto ilegal o arbitrario. Aplicando el artículo 61 de la Ley 19.880, concluyó que la Administración puede revocar sus actos salvo que creen derechos adquiridos legítimamente, y que la prórroga de una contrata no genera tal derecho, dada la naturaleza transitoria del empleo a contrata y la falta de materialización de la prórroga en un decreto. En consecuencia, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco y rechazó el recurso de protección, por no existir un acto ilegal o arbitrario que lo hiciera procedente.

Normas citadas

  • Ley 19.880
  • Artículo 61 de la ley 19.880
  • Ley N° 18.834
recurso de protecciónrevocación de acto administrativoderecho adquiridocontrataempleo a contrataLey 19.880Estatuto Administrativo

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad revocar la prórroga de un funcionario a contrata si ya se la había comunicado?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí, porque la Administración puede revocar sus actos salvo que creen derechos adquiridos legítimamente. La prórroga de una contrata no genera tal derecho, dada la naturaleza transitoria del empleo a contrata y porque no se materializó en un decreto.

¿Procede un recurso de protección contra la revocación de la prórroga de una contrata municipal?

En este caso, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco y rechazó el recurso de protección. Concluyó que no existía un acto ilegal o arbitrario que hiciera procedente la acción constitucional.

¿Qué artículo de la Ley 19.880 permite a la Administración revocar sus propios actos?

En este caso, la Corte Suprema aplicó el artículo 61 de la Ley 19.880, que permite revocar los actos administrativos salvo que creen derechos adquiridos legítimamente. Según el fallo, la prórroga de una contrata no constituye ese tipo de derecho.

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