Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la Resolución N° 4.480, de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que reconoció la calidad de exonerada política de la solicitante y le concedió una jubilación no contributiva por gracia, dejando sin efecto su derecho al bono de reconocimiento. Posteriormente, dos resoluciones de 2012 de la misma secretaría ministerial dejaron sin efecto ese acto, invocando el dictamen N° 20.088, de 2011, que excluía el beneficio cuando el bono estaba comprometido en una prestación del decreto ley N° 3.500. El organismo contralor, mediante oficios de 2012 y 2013, representó esas resoluciones, señalando que el nuevo criterio no puede afectar situaciones resueltas antes de su emisión, pues la interesada cumplió los requisitos en 2010 y la demora fue imputable a la autoridad. En consecuencia, dictaminó que la resolución N° 4.480 se encuentra ajustada a derecho y ordenó al Instituto de Previsión Social adoptar las medidas necesarias para pagar el beneficio a la brevedad.