Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reconsideración de sus dictámenes N°s 86.450, de 2016, y 2.405, de 2017, relativos al reajuste de remuneraciones establecido en el inciso octavo del artículo 1° de la ley N° 20.975. El organismo confirmó su criterio por no existir antecedentes que justifiquen alterar lo resuelto. Según este criterio, el beneficio solo alcanza a los servidores cuyo promedio mensual de remuneraciones líquidas permanentes, entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016, fue inferior a $4.400.000. Además, las remuneraciones reajustadas, proyectadas para el período diciembre de 2016 a noviembre de 2017, no pueden superar ese límite, por lo que el factor de actualización debe disminuir o no aplicarse. La Contraloría fundamentó que fue el legislador quien fijó la regla de exclusión, por lo que no corresponde considerar que el funcionario percibiría una renta menor durante 2017 para otorgar igualmente el reajuste.