El Tribunal Constitucional examinó un requerimiento de inconstitucionalidad contra el a…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional examinó un requerimiento de inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, que obligaba al juez penal a ordenar la privación de libertad efectiva por un año en caso de condena, sin otra alternativa para el cumplimiento de la pena prevista en la Ley 18.216. El requirente sostuvo que esa norma restringía las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales penales y afectaba la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, consagradas en la Constitución y en el Código Orgánico de Tribunales. El Tribunal acogió parcialmente el requerimiento, concluyendo que el legislador, al imponer esa obligación, constriñó la potestad judicial en la aplicación y forma de cumplimiento de la pena, lo que resulta contrario a la Constitución.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Puede el legislador obligar al juez penal a imponer siempre privación de libertad efectiva, sin alternativas de cumplimiento de la pena?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y concluyó que la norma, al imponer esa obligación, constriñó la potestad judicial en la aplicación y forma de cumplimiento de la pena, lo que resulta contrario a la Constitución.
¿Vulnera la separación de poderes una norma que restringe las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales penales?
En este caso, el requirente sostuvo que la norma restringía las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales penales y afectaba la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. El Tribunal acogió parcialmente el requerimiento sobre la base de que la norma constriñó la potestad judicial.
¿Puede una ley de tránsito fijar la forma de cumplimiento de una pena que regula la Ley 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional examinó un artículo de la Ley de Tránsito que establecía, sin otra alternativa, el cumplimiento de la pena prevista en la Ley 18.216. El Tribunal consideró que esa imposición restringía indebidamente la potestad judicial y la declaró contraria a la Constitución en lo acogido.
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