El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, que obliga al juez penal a ordenar la privación de libertad efectiva por un año en caso de sentencia condenatoria. La mayoría sostuvo que dicha norma afecta la independencia judicial consagrada en el artículo 76 de la Constitución, pues constriñe las atribuciones del tribunal penal al impedirle considerar otras alternativas de cumplimiento de la pena, como la prevista en la Ley N° 18.216. Se descartó que el reproche se refiriera a un vicio constitucional específico del antiguo sistema procesal penal, ya que el secreto del sumario fue levantado y el ordenamiento vigente contempla mecanismos para corregir vicios procesales. El fallo enfatizó que el Tribunal Constitucional no puede revisar decisiones judiciales dictadas conforme a derecho ni crear nuevas normas procesales.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualPrincipio de proporcionalidad de la Pena
Preguntas frecuentes
¿Puede un juez penal dejar de ordenar la privación de libertad efectiva que exige una norma legal si ello afecta su independencia judicial?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y sostuvo que la norma que obliga al juez penal a ordenar la privación de libertad efectiva por un año constriñe sus atribuciones al impedirle considerar otras alternativas de cumplimiento de la pena, afectando la independencia judicial del artículo 76 de la Constitución.
¿El Tribunal Constitucional puede revisar sentencias judiciales dictadas conforme a derecho en un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, el fallo enfatizó que el Tribunal Constitucional no puede revisar decisiones judiciales dictadas conforme a derecho ni crear nuevas normas procesales, lo que delimita el alcance de su control en este tipo de requerimientos.
¿Procede cuestionar constitucionalmente un proceso penal por vicios del antiguo sistema procesal si el secreto del sumario ya fue levantado?
En este caso, la mayoría descartó que el reproche se refiriera a un vicio constitucional específico del antiguo sistema procesal penal, pues el secreto del sumario fue levantado y el ordenamiento vigente contempla mecanismos para corregir vicios procesales.
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