El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, que exige el cumplimiento efectivo de parte de la pena privativa de libertad antes de conceder una pena sustitutiva en delitos de conducción en estado de ebriedad. El tribunal concluyó que la norma es razonable, ya que la conducta de los conductores puede ser conocida por la ley y su historial de conducta, incluidos sus antecedentes penales, es un indicio relevante del cumplimiento de sus deberes de cuidado frente a terceros, y en consecuencia rechazó el requerimiento.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualPrincipio de proporcionalidad de la Pena
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional exigir el cumplimiento efectivo de parte de la pena antes de otorgar una pena sustitutiva por conducción en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la exigencia del inciso segundo del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito es razonable, por lo que rechazó el requerimiento de inaplicabilidad. Sostuvo que el historial de conducta del condenado, incluidos sus antecedentes penales, es un indicio relevante del cumplimiento de sus deberes de cuidado frente a terceros.
¿Puede el juez considerar los antecedentes penales de un conductor para decidir si concede una pena sustitutiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que los antecedentes penales forman parte del historial de conducta que el legislador puede considerar al exigir el cumplimiento efectivo de parte de la pena. Según el fallo, ese historial es un indicio relevante del cumplimiento de los deberes de cuidado frente a terceros.
¿Cuál es el fundamento para que la ley distinga el tratamiento de los conductores que manejan en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la conducta de los conductores puede ser conocida por la ley y que el legislador puede regularla con exigencias más estrictas. Por eso no vio un trato arbitrario en la norma impugnada, que fue declarada razonable.
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