El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por i…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley de Tránsito, que suspende la ejecución de la pena sustitutiva por un año y exige el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. El Tribunal acogió el requerimiento y declaró inaplicable la norma, al considerar que restringe la potestad constitucional del juez para conocer y juzgar, contemplada en el artículo 76 de la Constitución, y no implica proclamar un derecho subjetivo a la pena alternativa, sino volver al estatuto común de las penas, correspondiendo al juez del fondo determinar si procede el acceso al sistema alternativo o el presidio efectivo.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDelito de conducción en estado de ebriedad
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley suspenda la pena sustitutiva y exija cárcel efectiva en delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable la norma que suspendía por un año la ejecución de la pena sustitutiva y exigía el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en esos delitos.
¿Puede el legislador limitar la facultad del juez para decidir sobre penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma restringía la potestad constitucional del juez para conocer y juzgar, contemplada en el artículo 76 de la Constitución, por lo que la declaró inaplicable.
¿La inaplicabilidad de esta norma reconoce un derecho a la pena alternativa?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que acoger el requerimiento no implica proclamar un derecho subjetivo a la pena alternativa, sino volver al estatuto común de las penas, correspondiendo al juez del fondo determinar si procede el sistema alternativo o el presidio efectivo.
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