Un ciudadano venezolano residente en Chile interpuso recurso de protección contra el Se…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
Un ciudadano venezolano residente en Chile interpuso recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, reclamando la omisión de pronunciamiento sobre su solicitud de nacionalización y la vulneración de la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución. La Subsecretaría del Interior respondió que las solicitudes se encontraban en tramitación y que no existía omisión arbitraria o ilegal. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción, por mayoría, en tanto la concesión de la carta de nacionalización es una potestad discrecional exclusiva de la autoridad administrativa, que no puede ser forzada mediante el recurso de protección. Un ministro disidente fue del parecer de rechazar el recurso, por considerar que la nacionalización se otorga por decreto del Presidente de la República, refrendado por el Ministerio del Interior, incluida la nacionalización calificada del artículo 85 de la Ley 21.325.
Normas citadas
Artículo 19 N°2 Constitución Política de la República
Artículo 19 N°14 Constitución Política de la República
Artículo 27 Ley 19.880
nacionalizaciónrecurso de protecciónderechos fundamentalespotestad discrecionaldemora administrativamigracionesderecho de petición
Preguntas frecuentes
¿Se puede obligar a la autoridad mediante recurso de protección a resolver una solicitud de nacionalización chilena?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, por mayoría, al estimar que la concesión de la carta de nacionalización es una potestad discrecional exclusiva de la autoridad administrativa y no puede ser forzada mediante la acción de protección. La Subsecretaría del Interior había informado que las solicitudes estaban en tramitación y que no existía omisión arbitraria o ilegal.
¿Cuál es la autoridad competente para otorgar la nacionalización chilena según la jurisprudencia?
En este caso, un ministro disidente sostuvo que la nacionalización se otorga por decreto del Presidente de la República, refrendado por el Ministerio del Interior, incluida la nacionalización calificada del artículo 85 de la Ley 21.325. La mayoría no se pronunció sobre esa cuestión en el resumen disponible.
¿Constituye omisión arbitraria la demora en resolver una solicitud de nacionalización en tramitación?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago no acogió el reclamo de omisión, porque la autoridad informó que las solicitudes se encontraban en tramitación y el tribunal estimó que no existía omisión arbitraria o ilegal. El recurso se rechazó, por mayoría, al considerar la concesión de la nacionalización una potestad discrecional.
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