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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente un recurso de protección presen…

Sentencia · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente un recurso de protección presentado por un ciudadano extranjero contra el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior, por la omisión en resolver su solicitud de nacionalización tras más de 336 días sin respuesta. El tribunal estimó que la dilación constituye una actuación ilegal y arbitraria que vulnera la garantía de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 de la Constitución), al darse un trato desigual frente a otros interesados en situación equivalente que sí obtuvieron respuesta formal y oportuna. En consecuencia, ordenó al Servicio emitir pronunciamiento sobre la solicitud dentro de sesenta días hábiles desde que el fallo quede firme, y remitir antecedentes al Ministerio si la resolución fuera favorable. Se rechazó la pretensión de fijar un plazo de treinta días para dictar el acto terminal.

Normas citadas

  • Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley)
  • Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República (debido proceso)
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República (acción de protección)
  • Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre protección
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Preguntas frecuentes

¿Puede un recurso de protección obligar a la administración a resolver una solicitud de nacionalización que lleva mucho tiempo sin respuesta?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente el recurso y estimó que la dilación de más de 336 días sin respuesta constituye una actuación ilegal y arbitraria. Ordenó al Servicio pronunciarse dentro de sesenta días hábiles desde que el fallo quede firme.

¿La demora excesiva de la administración en resolver una solicitud puede vulnerar la igualdad ante la ley?

En este caso, el tribunal sostuvo que la demora vulnera el artículo 19 N° 2 de la Constitución, porque otros interesados en situación equivalente sí obtuvieron respuesta formal y oportuna, lo que implica un trato desigual.

¿Puede el juez fijar un plazo específico a la autoridad para dictar el acto terminal en un recurso de protección por omisión administrativa?

En este caso, la Corte rechazó la pretensión de fijar un plazo de treinta días para dictar el acto terminal, optando por el plazo de sesenta días hábiles que estableció en el fallo.

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