Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó la carta de nacionalización el 25 de mayo de 2023, pero no obtuvo respuesta definitiva. Interpuso recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior por omisión ilegal y arbitraria. La Subsecretaría informó que la solicitud estaba en etapas finales. El Servicio Nacional de Migraciones alegó incompetencia territorial, pero fue desestimada. La Corte consideró que la dilación en el pronunciamiento era ilegal y arbitraria, vulnerando la igualdad ante la ley. Se acogió el recurso ordenando a los recurridos dar celeridad al procedimiento y dictar resolución en 90 días. No se impusieron costas.