La Contraloría General de la República analizó si el bono de reajuste de remuneraciones…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República analizó si el bono de reajuste de remuneraciones debía pagarse de nuevo a funcionarios públicos cuyos reajustes solo se pagaron entre enero y noviembre de 2011. Concluyó que los reclamos presentados por una asociación de funcionarios no sirven para interrumpir la prescripción, porque no individualizaron a los servidores afectados ni acreditaron que tuvieran poder para reclamar en su nombre. Recordó que el derecho al cobro de asignaciones de leyes especiales prescribe en seis meses desde que se hacen exigibles, según el artículo 99 de la ley N° 18.834. Por eso resolvió que los interesados no tienen derecho a exigir el cobro de ese beneficio.
Normas citadas
ley 20212 art/13
ley 20212 art/13 inc/2
ley 20212 art/13 inc/fin
ley 20486 art/1
ley 20559 art/27
ley 20559 art/1
ley 18834 art/99
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un reclamo presentado por una asociación de funcionarios interrumpe la prescripción del cobro de un bono de reajuste en el sector público?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no, porque los reclamos no individualizaron a los servidores afectados ni acreditaron que la asociación tuviera poder para reclamar en su nombre.
¿En cuánto tiempo prescribe el derecho a cobrar asignaciones de leyes especiales a funcionarios públicos?
El dictamen recuerda que, según el artículo 99 de la ley N° 18.834, el derecho al cobro de estas asignaciones prescribe en seis meses desde que se hacen exigibles.
¿Tienen derecho los funcionarios públicos a exigir el pago de un bono de reajuste que no se les pagó completo si ya pasó el plazo de prescripción?
En este caso, la Contraloría concluyó que los interesados no tienen derecho a exigir el cobro del beneficio, porque el plazo de prescripción había transcurrido sin que los reclamos fueran válidos para interrumpirlo.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.