Resumen
La Contraloría General de la República emitió un dictamen sobre la interpretación del decreto N° 1.215, de 2006, del Ministerio del Interior, que regula las medidas de prevención del consumo de drogas en la Administración del Estado, a raíz de una consulta de una subsecretaría. Se discutía si la modificación introducida por la ley N° 21.806, que sustituyó el examen de orina por una muestra biológica de pelo para las autoridades que expresamente indica, permitía alterar otras exigencias técnicas y procedimentales del reglamento. El organismo concluyó que la modificación se circunscribe únicamente al tipo de examen aplicable a dichas autoridades, manteniéndose vigentes en todo lo demás las exigencias sobre ejecución del control, cadena de custodia, reserva del procedimiento y determinación de eventual dependencia. Asimismo, reiteró que, ante un resultado positivo, la superioridad debe comunicarlo para que el afectado lo acepte o rechace formalmente y, en este último caso, solicite el análisis de la contramuestra. Por ello, estimó que no resulta procedente la alternativa consultada, sin perjuicio de que compete privativamente al Presidente de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria, disponer las modificaciones que estime necesarias a la regulación vigente.