Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que el procedimiento de control de consumo de sustancias o drogas ilegales, establecido en el artículo 61 de la Ley N° 18.575, debe aplicarse exclusivamente a las autoridades, directivos y jefaturas señaladas en el artículo 55 bis de la misma ley, esto es, subsecretarios, jefes superiores de servicio y directivos superiores hasta el grado de jefe de división o su equivalente. En el ámbito municipal, dicha obligación alcanza solo a los directores y sus equivalentes, según lo precisado en dictámenes anteriores. La Contraloría concluyó que no corresponde extender por vía interpretativa este control a otros funcionarios públicos, pues la normativa legal y reglamentaria lo ha determinado expresamente.