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La Contraloría General de la República dictaminó que el procedimiento de control de con…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que el procedimiento de control de consumo de sustancias o drogas ilegales, establecido en el artículo 61 de la Ley N° 18.575, debe aplicarse exclusivamente a las autoridades, directivos y jefaturas señaladas en el artículo 55 bis de la misma ley, esto es, subsecretarios, jefes superiores de servicio y directivos superiores hasta el grado de jefe de división o su equivalente. En el ámbito municipal, dicha obligación alcanza solo a los directores y sus equivalentes, según lo precisado en dictámenes anteriores. La Contraloría concluyó que no corresponde extender por vía interpretativa este control a otros funcionarios públicos, pues la normativa legal y reglamentaria lo ha determinado expresamente.

Normas citadas

  • ley 18575 art/55 bis inc/1
  • ley 18575 art/61 inc/3
  • ley 18575 art/61 inc/4
  • dto 1215/2006 MINSP art/undecimo inc/1
  • dto 1215/2006 MINSP art/undecimo inc/2
  • dto 1215/2006 MINSP art/decimo octavo
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿El control de consumo de drogas ilegales del artículo 61 de la Ley 18.575 se aplica a todos los funcionarios públicos?

No. En este dictamen, la Contraloría General de la República concluyó que este procedimiento de control debe aplicarse exclusivamente a las autoridades, directivos y jefaturas señalados en el artículo 55 bis de la ley, y que no corresponde extenderlo por vía interpretativa a otros funcionarios.

¿Hasta qué nivel de cargos directivos alcanza el control de consumo de sustancias ilegales en la Administración del Estado?

Según este dictamen, alcanza a subsecretarios, jefes superiores de servicio y directivos superiores hasta el grado de jefe de división o su equivalente, conforme al artículo 55 bis de la Ley 18.575.

¿Cómo se aplica el control de consumo de drogas ilegales a los funcionarios municipales?

En el ámbito municipal, la Contraloría sostuvo en este dictamen que esta obligación alcanza solo a los directores y sus equivalentes, según lo precisado en dictámenes anteriores, sin extenderse a otros funcionarios municipales.

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