La Contraloría General de la República se pronunció sobre a quién corresponde financiar…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre a quién corresponde financiar los controles de consumo de drogas del personal de los órganos de la Administración. Concluyó que el Servicio Nacional para la P.R.C.D.A. (SENDA) es el encargado de apoyar técnica y financieramente esas actividades, ya que sus funciones incluyen impulsar y apoyar programas de prevención y rehabilitación de los ministerios y servicios públicos. Agregó que los recursos para ese fin están contemplados en la asignación presupuestaria del SENDA para 2012, aprobada por la ley N° 20.557, y mantenidos en la ley N° 20.641 para 2013. Respecto del procedimiento de control de consumo para funcionarios judiciales previsto en el artículo 100 del Código Orgánico de Tribunales, se abstuvo de pronunciarse, por tratarse de facultades que corresponden a la Corte Suprema, fuera de su ámbito de competencia.
Normas citadas
ley 18575 art/61
ley 20502 art/19
ley 18575 art/61 inc/3
ley 18575 art/61 inc/4
dto 1215/2006 Inter
ley 18575 art/55 bis
dto 1215/2006 Inter art/duodécimo
dto 1215/2006 Inter art/décimo tercero
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Quién debe financiar los controles de consumo de drogas del personal de los órganos de la Administración del Estado?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que corresponde al SENDA apoyar técnica y financieramente esos controles, porque sus funciones incluyen impulsar programas de prevención y rehabilitación en ministerios y servicios públicos.
¿Con qué recursos puede el SENDA financiar los controles de consumo de drogas en la Administración?
En este caso, la Contraloría indicó que esos recursos están contemplados en la asignación presupuestaria del SENDA aprobada por la ley N° 20.557 para 2012 y mantenidos en la ley N° 20.641 para 2013.
¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre el control de consumo de drogas de funcionarios judiciales?
En este caso, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse sobre el procedimiento previsto en el artículo 100 del Código Orgánico de Tribunales, por tratarse de facultades de la Corte Suprema, fuera de su ámbito de competencia.
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