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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Servicio Nacional…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había negado información sobre el estado procesal de un recurso administrativo de invalidación interpuesto por el propio solicitante. El organismo alegó que ya había respondido la solicitud en sus propios términos y que la Ley de Transparencia no era la vía idónea para esta clase de consultas, pero el Consejo desestimó ambas alegaciones por tratarse de información vinculada a un procedimiento iniciado por el solicitante. Se ordenó entregar la información, precisando que debía hacerse de manera presencial conforme a la Instrucción General N° 10, aunque se recomendó un medio alternativo como el correo electrónico. La resolución también ordena acreditar el cumplimiento y advierte sobre las sanciones por incumplimiento, y contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Resolución Ex. N° 208968
  • Ley N° 19.628
  • Oficio N° 4932
  • Ley N° 18.575
  • Oficio N° 49328
  • Oficio N° 27222
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona pedir por transparencia el estado de un recurso administrativo de invalidación que ella misma interpuso?

Sí. En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la alegación del organismo y ordenó entregar la información, porque se refería a un procedimiento iniciado por el propio solicitante.

¿Puede un órgano negarse a entregar información de transparencia alegando que ya respondió antes la solicitud?

En este caso, no. El Consejo rechazó la alegación del Servicio Nacional de Migraciones de que ya había respondido la solicitud en sus propios términos, y ordenó entregar la información.

¿Qué ocurre si un organismo no cumple una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?

En este caso, la resolución ordena acreditar el cumplimiento y advierte sobre las sanciones por incumplimiento. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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