Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reconsideración de un decreto universitario que aplicó destitución y censura en un sumario administrativo por el pago indebido de una asignación de mérito. El interesado alegó que la absolución penal de un funcionario, en un proceso por hechos relacionados con el mismo asunto, debía tener efectos en el procedimiento disciplinario. El organismo concluyó que la salida de no perseverar en el procedimiento penal es autónoma y distinta de una sentencia absolutoria, por lo que no altera la acción disciplinaria. Además, determinó que, conforme al artículo 158 del Estatuto Administrativo, la acción disciplinaria prescribe junto con la penal, es decir, en diez años para los hechos investigados, plazo que aún no había vencido. En consecuencia, resolvió reconsiderar los oficios previos y remitir el decreto a la Contraloría Regional de Valparaíso para que continúe su tramitación.