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La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 290, de 2009, del Mini…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 290, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas, que introduce modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Camino Internacional Ruta 60 CH". Al cursar el decreto, el organismo advirtió al Ministerio que debe determinar la procedencia de imponer multas y ejercer las demás acciones legales que correspondan, y precisar, si procede, las responsabilidades administrativas por atrasos y otras situaciones reflejadas en los antecedentes adjuntos. Se trata del incumplimiento de plazos y de la permanencia de impedimentos que, según se indica, inciden en las obligaciones que derivan del contrato de concesión.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría tomar razón de un decreto que modifica un contrato de concesión de obra pública si hay atrasos del concesionario?

En este caso, la Contraloría tomó razón del decreto que introduce modificaciones a las características de las obras y servicios de la concesión, pero advirtió al Ministerio de Obras Públicas que debe determinar la procedencia de multas y otras acciones legales por los atrasos.

¿Qué debe hacer la Administración cuando la Contraloría advierte incumplimiento de plazos en una concesión de obra pública?

En este caso, el organismo instruyó al Ministerio a determinar si procede imponer multas, ejercer las demás acciones legales que correspondan y precisar, si procede, las responsabilidades administrativas por los atrasos y otras situaciones reflejadas en los antecedentes.

¿La toma de razón de un decreto implica que la Contraloría valida el cumplimiento del contrato de concesión?

En este caso, la Contraloría dejó constancia de que el incumplimiento de plazos y la permanencia de impedimentos inciden en las obligaciones del contrato, por lo que la toma de razón no excluye que el Ministerio deba exigir responsabilidades.

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