La Contraloría General de la República tomó razón del decreto 250, de 2010, del Ministe…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto 250, de 2010, del Ministerio de Obras Públicas, que modificó por razones de interés público las características de obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal "Camino Internacional Ruta 60 CH". Sin embargo, el organismo advirtió que los actos administrativos deben enviarse a toma de razón oportunamente, pues en este caso el decreto fue dictado el 13 de mayo de 2010 e ingresado a control preventivo recién el 23 de marzo de 2011. Además, indicó la existencia de un error tipográfico en las dos primeras líneas de la página 8 del texto, que repiten las dos últimas de la página anterior.
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Preguntas frecuentes
¿Qué consecuencia tiene que un decreto que modifica un contrato de concesión de obra pública se envíe a toma de razón con demora en Chile?
En este caso, la Contraloría tomó razón del decreto que modificó por interés público las características de la obra y los servicios de la concesión, pero advirtió que debió enviarse a control oportunamente, ya que fue ingresado con mucha demora tras su dictación.
¿Puede la Contraloría tomar razón de un decreto de modificación de una concesión pese a tener errores de redacción en el texto?
En este caso, el organismo tomó razón del decreto y, además, señaló que existe un error tipográfico en la página 8, donde dos líneas repiten las dos últimas de la página anterior.
¿Qué debe hacer un ministerio con los decretos que modifican concesiones de obras públicas fiscales?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas debe remitir los actos administrativos a toma de razón de manera oportuna, pues el decreto que modificó el contrato de la Ruta 60 CH fue ingresado casi diez meses después de su dictación.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.