La Contraloría General de la República se pronunció sobre el alcance de los artículos 2…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el alcance de los artículos 2°, 10 y 11 de la ley N° 20.554, relativos al cargo de Secretario de Juzgado de Policía Local, y sobre la provisión de un cargo profesional en la planta de la Municipalidad de Arica. El organismo concluyó que la destinación de un funcionario al cargo de Secretario del Primer Juzgado de Policía Local de la Municipalidad de Valdivia era improcedente, por lo que dicho cargo no se entendía válidamente provisto a la entrada en vigencia de la ley. En consecuencia, se creó por el solo ministerio de la ley el cargo de Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local, que debe identificarse en la planta profesional y tener grado remuneratorio fijado conforme al artículo 11. Respecto de Arica, se determinó que el cargo profesional vacante de un tercer juzgado, desempeñado antes por un abogado que renunció, debe analizarse bajo esa misma preceptiva y provisionarse de acuerdo con ella. El funcionario conserva la posibilidad de postular en un eventual concurso público.
Normas citadas
ley 20554 art/10 lt/b
ley 20554 art/10 lt/a
ley 20554 art/11 inc/2
ley 20554 art/11 inc/3
ley 20554 art/16
ley 18883 art/70
ley 18883 art/13
ley 18883 art/15
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Cómo se debe provisionar un cargo profesional vacante de Secretario de Juzgado de Policía Local tras la ley 20.554?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el cargo profesional vacante de un tercer juzgado, desempeñado antes por un abogado que renunció, debe analizarse bajo la preceptiva de la ley 20.554 y provisionarse de acuerdo con ella. El grado remuneratorio del cargo debe fijarse conforme al artículo 11 de esa ley.
¿Puede un funcionario cuyo cargo de Secretario de Juzgado de Policía Local fue reconfigurado por la ley 20.554 seguir postulando al cargo?
En este caso, la Contraloría resolvió que el funcionario conserva la posibilidad de postular en un eventual concurso público para el cargo. El dictamen no se pronuncia sobre otras condiciones de acceso más allá de esa posibilidad.
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