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La Contraloría General de la República se pronunció sobre cómo deben registrarse presup…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2022

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre cómo deben registrarse presupuestaria y contablemente las contrataciones de personas naturales realizadas por municipalidades. Según el dictamen, los contratos a honorarios que se celebran bajo el artículo 4° de la ley N° 18.883 son convenios relativos a personal y se rigen por dicha ley, imputándose al subtítulo 21 y registrándose en las cuentas 215-21-03-001 o 215-21-03-002 del Plan de Cuentas del Sector Municipal. En cambio, las contrataciones que no importan provisión de personal municipal se someten a la ley N° 19.886 y se imputan al subtítulo 22, registrándose en la cuenta 215-22-11-999. El organismo señaló que, con la información disponible, no podía emitir un pronunciamiento específico sobre las contrataciones consultadas, recordando que las consultas deben acompañarse de un informe jurídico fundado.

Normas citadas

  • Ley 18883 art/4 inc/1
  • ley 18883 art/4 inc/2
  • ley 18695 art/8 inc/2
  • ley 18695 art/66
  • ley 19886 art/3 lt/a
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Preguntas frecuentes

¿Cómo se registran presupuestaria y contablemente los contratos a honorarios de una municipalidad celebrados bajo el artículo 4° de la ley 18.883?

En este dictamen, la Contraloría sostuvo que estos contratos son convenios relativos a personal, se rigen por la ley 18.883, se imputan al subtítulo 21 y se registran en las cuentas 215-21-03-001 o 215-21-03-002 del Plan de Cuentas del Sector Municipal.

¿Qué ley rige y cómo se imputa una contratación municipal de una persona natural que no implica provisión de personal municipal?

Según este dictamen, las contrataciones que no importan provisión de personal municipal se someten a la ley 19.886, se imputan al subtítulo 22 y se registran en la cuenta 215-22-11-999.

¿La Contraloría se pronuncia sobre contrataciones específicas de una municipalidad si la consulta no está bien fundada?

En este caso, el organismo señaló que, con la información disponible, no podía emitir un pronunciamiento específico sobre las contrataciones consultadas, recordando que las consultas deben acompañarse de un informe jurídico fundado.

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