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La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de protección deducido en favor…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de protección deducido en favor de una estudiante de un colegio particular pagado, en contra de la decisión del establecimiento de cancelar su matrícula por reiteradas faltas disciplinarias. La recurrente sostuvo que las faltas no tenían la entidad atribuida por el colegio y que este debió advertir una condición de salud que la explicaba. La Corte rechazó el recurso, sin costas, al estimar que no se configuraba ilegalidad ni arbitrariedad, pues la estudiante habría cometido a lo menos tres faltas graves previstas en la normativa. Asimismo, declaró que el cuestionamiento sobre la apreciación de las faltas y la posible condición de salud excede la competencia de la Corte, por lo que corresponde ser planteado ante la Superintendencia de Educación, órgano encargado de sustanciar y resolver los procesos por infracciones a la normativa educacional.

Normas citadas

  • Ley 20.529
  • Artículo 57 de la Ley 20.529
recurso de proteccióncancelación de matrículadebido proceso escolarcondicionalidadintegridad psíquicaderecho a la educacióncompetencia Superintendencia de EducaciónLey 20.529

Preguntas frecuentes

¿Puede un colegio particular pagado cancelar la matrícula de un estudiante por reiteradas faltas disciplinarias en Chile?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección y estimó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad, porque la estudiante habría cometido a lo menos tres faltas graves previstas en la normativa. Por lo mismo, la cancelación de la matrícula no fue considerada ilegal.

¿Debe un colegio considerar una condición de salud del estudiante antes de cancelar su matrícula por faltas disciplinarias?

En este caso, la recurrente sostuvo que el colegio debió advertir una condición de salud que explicaba las faltas. La Corte no se pronunció sobre el fondo de ese argumento, pues estimó que excede su competencia y debe ser planteado ante la Superintendencia de Educación.

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