Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo presentado por una postulante a un concurso público, que cuestionaba dos aspectos del proceso. En primer lugar, la exigencia de presentar antecedentes laborales y certificados que el servicio pudiera tener en su poder, bajo apercibimiento de descarte. El órgano concluyó que quienes postulan no pueden eximirse de presentar esos antecedentes, pues ello implicaría otorgar privilegios a unos concursantes en perjuicio de los demás, debiendo la Administración velar por la igualdad de los postulantes y la estricta sujeción a las bases. En segundo lugar, la reclamante alegaba que las bases fijaron requisitos no previstos en la ley, como cierta cantidad de años de experiencia. La Contraloría distinguió entre requisitos, que la ley establece para acceder a un cargo, y factores, que sirven para evaluar y ponderar a los postulantes que ya cumplen esas exigencias legales. Concluyó que la autoridad no puede crear requisitos de ingreso, pero sí valorar especialmente competencias acordes a las necesidades del cargo. Por no constatar irregularidades, el reclamo fue rechazado.