Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo presentado por una funcionaria contra la resolución del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que puso término a su nombramiento transitorio y provisional. La recurrente alegaba irregularidades en la desvinculación, la falta de tramitación de una licencia médica y el pago de remuneraciones. El organismo concluyó que la plaza correspondía a un alto directivo público vacante, provista directamente por la autoridad y no sujeta al sistema de selección, por lo que no se aplicaban las formalidades de cese previstas en el artículo quincuagésimo octavo de la ley 19.882; en consecuencia, la jefatura podía poner término a las funciones sin mayor solemnidad, incluso verbalmente. Se declaró que el cese, a partir del 16 de diciembre de 2010, se ajustaba a derecho. Asimismo, se resolvió que la licencia médica no debía ser recibida por haber sido presentada después del cese, y que no procedía el pago de la segunda quincena de diciembre de 2010. Se desestimaron las alegaciones y se cursó la resolución.