Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una petición de reliquidación de desahucios formulada por varios recurrentes, quienes pretendían que se aplicara retroactivamente un criterio interpretativo. El organismo resolvió que el dictamen N° 94.432, de 2014, constituye un cambio de jurisprudencia y rige solo desde su emisión, por lo que no tiene efecto retroactivo, lo que resguarda la certeza jurídica. Sostuvo además que esta irretroactividad no vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues asegura que todos los interesados en las mismas condiciones de retiro reciban el mismo marco normativo. Descartó la aplicabilidad de oficios anteriores por tratar materias distintas, y precisó que un fallo de la Corte Suprema solo produce efectos relativos entre las partes del litigio. En consecuencia, ratificó el oficio N° 82.601, de 2015, y concluyó que no procede la reliquidación solicitada.