Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de un grupo de recurrentes que pretendían el recálculo de sus desahucios conforme a los dictámenes N° 94.432, de 2014, y N° 40.086, de 2015. El organismo sostuvo que dichos pronunciamientos solo benefician a quienes se retiren del servicio a partir del 4 de diciembre de 2014, fecha de su emisión, y a quienes motivaron el cambio jurisprudencial, no así a los recurrentes, que se desvincularon con anterioridad. Fundó su decisión en el principio de seguridad jurídica, que impide aplicar retroactivamente una nueva doctrina a situaciones consolidadas bajo la anterior, y en las atribuciones que le confieren la Constitución y la ley N° 10.336.