Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de amparo interpuesto por una abogada en favor de un ciudadano extranjero en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que había ordenado su expulsión mediante resolución exenta. El recurrente alegaba que la medida era desproporcionada, arbitraria e ilegal, y que vulneraba su libertad personal, invocando su ingreso legal al país, su residencia definitiva y el impedimento de salida durante el cierre de fronteras. La Corte rechazó el recurso, considerando que la autoridad migratoria actuó dentro de sus facultades legales al verificar una infracción manifiesta a la normativa migratoria, al haber ingresado por un paso no habilitado, lo que constituye una prohibición imperativa de ingreso. Además, se estimó insuficiente el arraigo alegado, pues no se acreditó el cuidado ni la manutención de un hijo, y se tuvo en cuenta una condena por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, antecedente que la ley migratoria considera una prohibición facultativa de ingreso. Un ministro estuvo por acoger el recurso, sosteniendo que debió ponderarse el tiempo transcurrido, el arraigo social y familiar y el nuevo marco jurídico migratorio antes de ejecutar la expulsión.