La Corte de Apelaciones de Rancagua conoció un recurso de amparo deducido por una ciuda…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Rancagua conoció un recurso de amparo deducido por una ciudadana argentina contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había rechazado su solicitud de residencia definitiva y ordenado su expulsión. La autoridad fundó el rechazo en el no pago de derechos, la falta de certificados apostillados y una sanción por residencia vencida, mientras la recurrente alegó no haber recibido los requerimientos por fallas en las comunicaciones y invocó su arraigo social y laboral de más de una década. La Corte estimó que esos fundamentos carecían de proporcionalidad frente a la naturaleza y gravedad de la infracción, por tratarse de aspectos pecuniarios y procedimentales, y que la recurrente había intentado regularizar su situación. En consecuencia, acogió parcialmente el recurso y ordenó al Servicio analizar nuevamente los antecedentes presentados y pronunciarse dentro de 90 días, conforme a derecho.
Normas citadas
Artículo 21 Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre amparo
migracionesrecurso de amparoresidencia definitivaproporcionalidadarraigo socialexpulsiónciudadanía extranjeraderechos fundamentales
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el extranjero no recibió los requerimientos de la autoridad migratoria por fallas en las comunicaciones?
En este caso, la recurrente alegó no haber recibido los requerimientos por fallas en las comunicaciones, pero el resumen no indica que la Corte haya resuelto este punto de manera específica. La Corte se pronunció sobre la falta de proporcionalidad del rechazo y ordenó un nuevo pronunciamiento del Servicio.
¿Debe considerarse el arraigo social y laboral de un extranjero al resolver una solicitud de residencia definitiva o una expulsión?
En este caso, la recurrente invocó su arraigo social y laboral de más de una década, pero el resumen no detalla que la Corte haya fundado su decisión en ese arraigo. La Corte ordenó al Servicio pronunciarse nuevamente dentro de 90 días, conforme a derecho.
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