La recurrente interpuso acción de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La recurrente interpuso acción de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la negativa a dar tramitación a su solicitud de residencia definitiva. La Corte de Apelaciones rechazó la acción por estimar que no existía acto ilegal o arbitrario. La Corte Suprema, Tercera Sala, confirmó dicha sentencia. Concluyó que el Servicio no incurrió en ilegalidad, pues para acoger a trámite la pretensión debían cumplirse los requisitos de admisibilidad de la Ley N°21.325 y su Reglamento, particularmente el tiempo mínimo de residencia temporal, que no se cumplía. Consideró además que los antecedentes fueron remitidos al departamento competente, por lo que la persona extranjera se mantiene en situación regular y podrá volver a solicitar la permanencia definitiva una vez transcurrido el plazo legal. Al no advertir acto ilegal ni arbitrario, la acción fue rechazada.
¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones negarse a tramitar una solicitud de residencia definitiva si no se cumple el tiempo mínimo de residencia temporal?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que el Servicio no incurrió en ilegalidad al no dar tramitación a la solicitud, porque no se cumplía el tiempo mínimo de residencia temporal exigido por la Ley N° 21.325 y su Reglamento para su admisibilidad.
¿Qué ocurre con una persona extranjera si su solicitud de residencia definitiva no es admitida a trámite por no cumplir requisitos?
La Corte Suprema sostuvo que, al haber remitido los antecedentes al departamento competente, la persona se mantiene en situación regular y puede volver a solicitar la permanencia definitiva una vez transcurrido el plazo legal.
¿Procede la acción de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por no tramitar una solicitud de residencia definitiva?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección al no advertir acto ilegal ni arbitrario, confirmando lo resuelto por la Corte de Apelaciones, pues la negativa a tramitar se ajustó a los requisitos de admisibilidad de la Ley N° 21.325.
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