Resumen
La Contraloría General de la República rechazó los reclamos de ilegalidad interpuestos por varios funcionarios municipales en contra del decreto N° 1.139 de 2015 de la Municipalidad de Santiago, que les aplicó la medida disciplinaria de destitución. El organismo concluyó que no existían circunstancias que hicieran dudar de la participación de los afectados en los hechos sancionados, y que la apreciación del mérito probatorio corresponde al fiscal instructor y a la autoridad con potestad disciplinaria, no al órgano de control. Asimismo, estimó que la alcaldesa, como titular de la potestad sancionadora conforme a la ley N° 18.695, podía ponderar la gravedad de las irregularidades, y que los hechos sí revestían entidad suficiente para afectar el principio de probidad. Finalmente, precisó que el fiscal no está obligado a acceder a diligencias que el inculpado solo pide que se ordenen, sin ofrecerlas para rendirlas en un plazo determinado.