El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado contra la Secretaría Regi…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, que había tarjado el domicilio y el RUT de la persona natural beneficiaria de una autorización sanitaria, mantenido en la resolución que la concedió. El Consejo consideró que esos datos personales están protegidos por la normativa sobre vida privada y no pueden entregarse a terceros sin consentimiento de su titular, lo que no se verificaba en el caso. Sin embargo, estimó suficiente el nombre completo del beneficiario para ejercer el control social y solicitar información sobre otras autorizaciones sectoriales vinculadas a la actividad. Por unanimidad de los consejeros presentes, rechazó el amparo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley N° 19.628
Ley N° 20.285
Resolución N° 2205259709
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio Ord. N° 45
Artículo 9° de la ley N° 19.628
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede exigir la entrega del domicilio y RUT de una persona natural que obtuvo una autorización sanitaria?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que el domicilio y el RUT de la persona natural están protegidos por la normativa de vida privada y no pueden entregarse a terceros sin su consentimiento, por lo que el amparo fue rechazado.
¿Basta el nombre completo del titular de una autorización sanitaria para ejercer control social?
En este caso, el Consejo estimó que el nombre completo del beneficiario era suficiente para ejercer el control social y solicitar información sobre otras autorizaciones sectoriales vinculadas a la actividad.
¿Qué plazo existe para reclamar una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el resumen indica que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación.
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