Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un requerimiento relativo a la ley N° 20.744, que destina recursos a las empresas concesionarias del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la Municipalidad de Pudahuel. El Organismo concluyó que, en los municipios con el servicio externalizado, el traspaso de esos fondos no es voluntario sino una obligación legal, por lo que la entidad edilicia debe entregar la totalidad de los recursos a las concesionarias. Según el dictamen, el acuerdo previo de entregar un bono de $100.000 a cada trabajador, aun si el total resulta menor al monto recibido, no altera esa finalidad legal, pues la voluntad de las partes no puede modificar lo dispuesto por el legislador. El oficio ordena a la Municipalidad adoptar las medidas necesarias para traspasar la totalidad de los recursos y informar en 60 días hábiles, citando la jurisprudencia de los dictámenes N°s. 39.604 y 67.671, ambos de 2014.