La Contraloría General de la República se pronunció sobre la ley N° 20.744, que regula…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la ley N° 20.744, que regula el servicio de extracción de residuos domiciliarios y los recursos que se asignan para su prestación. El dictamen concluye que dichos recursos pueden ser transferidos a personas naturales concesionarias del servicio y distribuidos entre todos quienes intervengan en terreno en su prestación. Para ello, el criterio determinante no es el vínculo laboral ni la calidad jurídica del beneficiario, sino las funciones desempeñadas: recolectores, conductores y barrenderos. Por lo tanto, pueden percibir los fondos tanto los dueños de las empresas como sus dependientes que realicen dichas actividades, excluyéndose a funcionarios municipales y al personal que no ejecute tareas en terreno. El pronunciamiento se transcribió a la Municipalidad de Aysén, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y a las C.R.B.-Bío y de Aysén.
Normas citadas
ley 20744 art/uni
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Pueden los recursos de la ley 20.744 de extracción de residuos domiciliarios repartirse entre los dueños de las empresas concesionarias y sus trabajadores?
Sí. En este dictamen, la Contraloría concluyó que los recursos pueden transferirse a personas naturales concesionarias del servicio y distribuirse entre quienes intervengan en terreno en su prestación, sin que importe el vínculo laboral sino las funciones desempeñadas.
¿Qué criterio usa la Contraloría para determinar quién puede percibir fondos de la ley 20.744 de residuos domiciliarios?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el criterio determinante es la función desempeñada en terreno, como recolectores, conductores y barrenderos, y no el vínculo laboral ni la calidad jurídica del beneficiario.
¿Quedan excluidos los funcionarios municipales de la distribución de recursos de la ley 20.744?
Según este dictamen, sí. La Contraloría excluyó de la distribución a los funcionarios municipales y al personal que no ejecute tareas en terreno en la prestación del servicio de extracción de residuos.
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