Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 259, de 2012, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, que aplicaba la sanción de destitución a una funcionaria y medidas disciplinarias correctivas a otras funcionarias. El órgano fiscalizador fundó su decisión en el artículo 140 de la ley N° 18.834, conforme al cual las sanciones correctivas deben ser dispuestas por la jefatura regional de la que depende el establecimiento u oficina donde se desempeñe el servidor al concluir el sumario, sin que esa autoridad pueda modificar lo resuelto por quien dispuso el procedimiento. Asimismo, precisó que la destitución corresponde a una prerrogativa de la autoridad facultada para hacer el nombramiento, en este caso el Director Nacional. En consecuencia, las medidas correctivas debían ser dispuestas por las respectivas jefaturas regionales y la destitución por el Director Nacional, quien debe ordenarla.