La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de amparo interpuesto contra l…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de San Miguel y la 12° Comisaría de Carabineros de Chile, por una orden de desalojo dictada respecto de una propiedad ubicada en calle América. El recurrente sostenía que la orden fue emitida por autoridad incompetente y de forma ilegal, vulnerando garantías fundamentales. La Corte concluyó que la municipalidad actuó dentro de su competencia conforme al artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al declarar la inhabilidad parcial de la obra por estructura irregular con riesgo de incendio, y que Carabineros se limitó a cumplir lo dispuesto en el decreto municipal. Por ello, no se acreditó vulneración de garantías, al tratarse de una medida fundada en seguridad estructural.
Normas citadas
Artículo 21 Constitución Política de la República
Artículo 145 Ley General de Urbanismo y Construcciones
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre amparo
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Preguntas frecuentes
¿Puede la municipalidad ordenar el desalojo de una construcción por riesgo estructural según el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel concluyó que la municipalidad actuó dentro de su competencia conforme al artículo 145 de la LGUC, al declarar la inhabilidad parcial de la obra por estructura irregular con riesgo de incendio.
¿Cuándo el cumplimiento de una orden de desalojo por parte de Carabineros puede dar lugar a un recurso de amparo?
En este caso, la Corte sostuvo que Carabineros se limitó a cumplir lo dispuesto en el decreto municipal, por lo que no se acreditó vulneración de garantías en el recurso de amparo interpuesto.
¿Se vulnera el derecho a la protección del artículo 21 de la Constitución por una medida municipal fundada en seguridad estructural?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el amparo al estimar que la medida estaba fundada en seguridad estructural y que no se acreditó vulneración de garantías fundamentales.
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