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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin costas, el recurso de protección inter…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin costas, el recurso de protección interpuesto por una recurrente en contra de la Municipalidad de Lo Barnechea por la orden de desalojo de un asentamiento irregular. La recurrente alegó ilegalidad y arbitrariedad del decreto y falta de notificación a los residentes. La Corte determinó que la municipalidad actuó dentro de sus facultades legales, pues el terreno no es de uso residencial, las construcciones carecen de permisos y las conexiones eléctricas son irregulares, por lo que los ocupantes no tienen un derecho indubitado. Además, el desalojo no se ha ejecutado y los afectados pueden interponer recursos administrativos y judiciales.

Normas citadas

  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Artículos 153, 154 y 155 (normas sobre recursos administrativos)
  • Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre protección
  • Artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales
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Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio ordenar el desalojo de un asentamiento irregular mediante decreto en Chile?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección y sostuvo que la municipalidad actuó dentro de sus facultades legales, porque el terreno no es de uso residencial, las construcciones carecen de permisos y las conexiones eléctricas son irregulares.

¿Qué pasa si un decreto de desalojo se dicta sin notificar a los residentes de un asentamiento?

En este caso, la recurrente alegó falta de notificación a los residentes, pero la Corte no acogió el recurso y estimó que los ocupantes no tenían un derecho indubitado que protegiera su permanencia. Además, indicó que los afectados pueden interponer recursos administrativos y judiciales.

¿Es procedente el recurso de protección contra un decreto municipal de desalojo que no se ha ejecutado?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección, pues el desalojo no se ha ejecutado y la municipalidad actuó dentro de sus facultades. Los afectados conservan la posibilidad de interponer recursos administrativos y judiciales.

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