Resumen
La Contraloría General de la República examinó la resolución N° 36, de 2012, de la Policía de Investigaciones de Chile, que aplicó medidas disciplinarias a un subinspector. El organismo concluyó que la resolución no se ajustaba a derecho, porque la responsabilidad administrativa de la funcionaria se encontraba extinguida por prescripción según el Estatuto Administrativo (ley N° 18.834). Constató que, tras aplicar las reglas de suspensión del plazo, transcurrieron más de cuatro años entre los hechos y la resolución de término, por lo que la acción disciplinaria estaba prescrita. En consecuencia, dispuso dejar sin efecto la sanción y emitir en su reemplazo el acto que corresponda. Además, hizo presente la excesiva demora en resolver el sumario, que se extendió desde 2007 hasta 2012, y ordenó instruir un procedimiento para determinar eventuales responsabilidades.