Resumen del criterio jurisprudencial
La Fiscalía acusó al imputado como autor del delito de receptación. La Defensa sostuvo que el Ministerio Público obtuvo las pruebas de cargo con transgresión de normas fundamentales del debido proceso y garantías individuales del acusado, en especial por la actuación de la policía y por los métodos de interrogación. El Tribunal desestimó las alegaciones de la Defensa, por cuanto de la prueba aportada en el juicio no se apreciaron los vicios alegados. En efecto, el procedimiento policial no sólo fue informado al Fiscal, sino que además se trataba de un delito flagrante según lo dispuesto por el artículo 130 letra a) del Código Procesal Penal. Por otra parte, se probó que las declaraciones prestadas por el acusado fueron de carácter espontáneo y no con motivo de una interrogación, declaraciones que, por lo demás, fueron introducidas al juicio por los funcionarios de Investigaciones en carácter de testigos de oídas.