El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2015
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley N° 19.989, que faculta a la Tesorería General de la República para retener devoluciones de impuestos y así cobrar deudas del crédito solidario universitario. La requirente alegó vulneración de las garantías de defensa, del debido proceso y de la prohibición de comisiones especiales. La parte resolutiva de la sentencia acoge el requerimiento: aun en los casos en que la ley permite la ejecución administrativa directa, si existen antecedentes que pongan razonablemente en duda la subsistencia del crédito, el asunto es de naturaleza litigiosa y debe ser resuelto exclusivamente por los tribunales del Poder Judicial. Por ello, la autoridad administrativa debe iniciar acciones judiciales declarativas antes de cobrar, sin que pueda reemplazarse esa exigencia por la posibilidad de demandar después. La sentencia cita precedentes análogos y registra prevenciones y una disidencia.
Normas citadas
artículo 1, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Ley N* 19.989
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede la Tesorería retener devoluciones de impuestos para cobrar deudas del crédito solidario universitario si existen dudas sobre la subsistencia del crédito?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y sostuvo que, si existen antecedentes que pongan razonablemente en duda la subsistencia del crédito, el asunto es litigioso y debe resolverlo exclusivamente el Poder Judicial. Por lo tanto, la autoridad administrativa debe iniciar acciones judiciales declarativas antes de cobrar.
¿Basta con que el deudor pueda demandar después si la Tesorería cobra administrativamente una deuda dudosa?
No. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que esa posibilidad no puede reemplazar la exigencia de acudir previamente a los tribunales, ya que la discusión sobre la subsistencia del crédito debe resolverse judicialmente antes del cobro.
¿Qué garantías constitucionales se invocaron contra la retención administrativa de devoluciones de impuestos por deudas del crédito universitario?
En este caso, la requirente alegó vulneración de las garantías de defensa, del debido proceso y de la prohibición de comisiones especiales. El Tribunal acogió el requerimiento con prevenciones y una disidencia registradas en la sentencia.
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